Durante la
primera semana del mes de septiembre, Chile enfrentó por primera vez en su
historia la colocación y detonación de un artefacto explosivo, en una galería
comercial a plena luz del día y en horario peak, afectando directamente el
sistema de trasporte público, Metro, lo que trajo como consecuencia 14 heridos
de diversa consideración, la destrucción
parcial de un sector de esta galería, el cese de operaciones del tren
subterráneo en ese sector, y el impacto psicológico sobre las personas que
normal y diariamente trabajan o transitan por esta galería.
No pretendo
entrar en el análisis subjetivo u objetivo, de la violación a la seguridad y/o
prevención de los delitos, ni tampoco si se cumplieron los protocolos
existentes tanto en la galería comercial afectada, como en el tren subterráneo.
Lo que si llamó
mi atención, fue la reacción pública y de algunos expertos en distintas
materias, que normalmente en estos casos aparecen inmediatamente, buscando
validar sus teorías y el enjuiciamiento publico tanto de la empresa Metro y sus
protocolos de seguridad, como de la escasa supervisión sobre la gente que
transita por la galería comercial.
Ahora, lo
que si capturó finalmente todo mi foco, fue la respuesta durante y posterior de
los organismos de emergencia, de seguridad pública, como de la autoridad
comunal, regional y de gobierno, así también como la de los privados (Galería
Comercial y Empresa Metro).
La
respuesta de los organismos de emergencia sin duda fue rápida y eficiente, pero
sin existir una coordinación fina entre los grupos del municipio, la autoridad
edilicia y menos gobierno.
Mientras
los primeros se preocupaban de rescatar y trasladar las víctimas a centros
asistenciales privados con el mayor profesionalismo que lo distingue, los
segundos buscaban explicar lo inexplicable, sin siquiera tener en cuenta a las víctimas,
sus familiares y amigos, los que inmediatamente querían conocer el estado y dónde
estaban siendo derivados.
No existió ningún
funcionario de Gobierno (Municipio, Intendencia, Gobierno), que estuviera
recopilando y centralizando la información desde los centros de salud, tampoco
se habilitó un teléfono donde poder preguntar
y confirmar si sus familiares estaban entre las víctimas
(“afortunadamente” fueron 14),tampoco información formal que indicara las
clínicas de derivación y su ubicación (indico que entre las víctimas había
mucha gente que no era del sector donde estaban las clínicas), y tampoco ningún
comentario respecto a la responsabilidad público-privada frente a este atentado
Y es aquí
donde se encuentra el gran nudo que no permite estructurar un manejo y gestión
de crisis coordinado y eficiente.
Siendo
claro, lo anterior se produce por la baja coordinación entre los Municipios, la
empresa privada, los organismos de Protección Civil, y las autoridades de Gobierno
los cuales, si trabajaran en base a un modelo de planificación con visión
estratégica, con una correcta identificación de necesidades, una adecuada asignación
de recursos, y una preparación y entrenamiento de cada uno de los niveles y sus
integrantes, estaríamos sentando las bases para indicar que podríamos tener una
respuesta de primer nivel y que esta, fue producto de un trabajo desinteresado
y con una mirada común.
Pero
lamentablemente el proyecto que podría sentar una primera piedra y un referente
en la profesionalización y mejora sustancial de las políticas de Protección
Civil, Respuesta a Emergencias y Manejo de Crisis, aun lleva durmiendo prácticamente
4 años en el poder Ejecutivo de mi país.
Espero
tanto yo como los ciudadanos de este país, que si debemos enfrentar un nuevo
desastre, tanto el mundo público como el mundo privado, sepa responder a la
altura de las circunstancias.
Mientras….
Sigamos esperando
